Aisén: Organizaciones regionales denuncian uso indebido del Código de Minería

Lunes 20 de Abril del 2009

* Indignación en Aysén por Petición y Entrega de 300 mil Hectáreas en Concesiones Mineras para Blindar Tendido y Represas. Los 1.600 pedimentos afectan a unos 800 predios y se calculan por lo bajo en más de 600 los propietarios afectados.

Coyhaique.- “Además de tener la propiedad del agua de la Región de Aysén, empresas eléctricas como HidroAysén, Transelec y Energía Austral (en forma directa o a través de terceros) están logrando con éxito controlar el subsuelo regional, con insospechados perjuicios a los campesinos y pobladores de sectores rurales”.

Eso fue lo que transmitió esta mañana un grupo de dirigentes de diversas organizaciones de la Región de Aysén para denunciar la solicitud y entrega de unas 300 mil hectáreas de concesiones mineras de exploración que coinciden con el trazado donde Transelec pretende construir la línea de alta tensión para las represas del sur, y también con las áreas de las presas y embalses tanto de HidroAysén como de Energía Austral. La idea sería “blindar” todas las eventuales obras necesarias para transmitir energía desde Aysén a Santiago y facilitar, en beneficio de las empresas involucradas, el proceso de expropiación a los dueños quienes en la práctica perderían control de sus propiedades, las que muchas veces han obtenido con su esfuerzo y el de sus padres y abuelos pioneros.

Se unieron en la acusación la Federación Agrícola y Ganadera de Aysén FAGA, el Movimiento Regionalista, la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida y la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, que fue la organización que realizó un exhaustivo análisis y levantamiento de información que dio como resultado constatar la existencia de 300 mil hectáreas correspondientes a unos 1.600 pedimentos en distinto estado de avance que comprometerían más de 800 predios a nivel regional (entre privados y de áreas protegidas del Estado), calculándose por lo bajo en más de 600 propietarios los afectados.

El vicepresidente de FAGA, Arnoldo Cuevas, expresó en la ocasión que “nosotros como campesinos necesitamos más información, ya que esta empresa nos tiene bastante preocupados. Por ejemplo yo soy del sector rural y la línea pasa por donde yo vivo. Cuando se hicieron las mediciones y los estudios no se le pidió permiso a nadie, sólo se veían vehículos que andaban tomando fotografías y luego supimos que era por esto”. Agregó que en el caso de El Claro “nos preocupa mucho porque estamos a 6 kilómetros de Coyhaique y no me gustaría pasar por debajo de esas líneas de alta tensión y donde ganaderos, chacareros, agricultores nos vamos a ver afectados”.

Cuevas indicó que “estas empresas se aprovechan de este sistema para poder atropellarnos, por lo cual nosotros como FAGA, que tenemos muchas organizaciones asociadas, vamos a hacer un trabajo para que esto pudiera llegar a buen término, es decir, que no se concrete”, aclarando que aunque “muchos campesinos dicen que ‘si hay una Ley que hace que esto yo venderé bien’, están equivocados”.

El coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann, expresó que con el fin de llevar adelante los proyectos de represas se está “abusando del Código Minero para, en la práctica, expropiar los terrenos a la gente y así acceder sin permisos y hacer lo que quieran con una Ley que está destinada a otra cosa”. Explicó que “la concesión minera le da derecho a hacer lo que quiera en el subsuelo, pero tú tienes que acceder al subsuelo. Al tener ese derecho pueden hacer arriba lo que quieran también”.

En la ocasión el miembro de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, Enrique Higueras, hizo una detallada exposición de las zonas involucradas en toda la región, señalando que se trata de peticiones rectangulares cada una de las cuales tiene un área promedio de 2 por 2 kilómetros.

LAS SOLICITUDES Y LOS SOLICITANTES

Las solicitudes en proceso y las ya constituidas (estas últimas en gran parte de Coyhaique al sur) están concentradas en manos de dos personas. El matrimonio compuesto por Jorge de la Barra Valle y María Teresa Cañas Pinochet, ex directora del Servicio Nacional de Geología y Minería, y quien ya ha hecho solicitudes anteriores en lugares donde Endesa proyecta construir represas. En otros casos, las solicitudes han sido hechas por su hija Andrea de la Barra Cañas.

Las peticiones se emplazan fundamentalmente una tras otra en línea con el Camino Longitudinal Austral desde Cochrane hasta el río Ibáñez, pasando luego por la Reserva Nacional Cerro Castillo, el río Boca León, Lago Elizalde, Valle Simpson, Ensenada Valle Simpson, El Claro, Panguilemu, Alto Baguales, Villa Ortega y Mañihuales. De ahí hacia el norte continúa por el Camino Longitudinal Austral, pasando por La Tapera, Lago Verde, río Figueroa y La Junta. Todo, siguiendo el trazado del tendido eléctrico de Transelec. También existen solicitudes en trámite o adjudicadas en las áreas de interconexión de las represas de HidroAysén a las mismas personas.

Energía Austral ha hecho lo propio con la zona del eventual embalse y obras en los lagos Yulton y Meullín, para la represa río Cuervo.

Estados Unidos y Brasil, junto con Francia y Turquía bloquean declaración del agua como "derecho humano"

12-04-09, Por Yvke/Agencias

Estados Unidos y Brasil, junto con Francia y Turquía se opusieron a que la declaración del Foro Mundial del Agua declarara este recurso como un “derecho humano”, lo que tendría consecuencias vinculantes para todos los países.

70 países exigen que el próximo foro sea organizado por la ONU.

La propuesta de varios países latinoamericanos y de Suiza de declarar el acceso al agua como un "derecho humano", en el Foro Mundial del Agua (FMA) de Estambul, fracasó este sábado, ante la falta de consenso entre las delegaciones y la presión de algunos Estados contrarios.

La falta de apoyo impidió que la iniciativa de Bolivia, Cuba, Ecuador, Uruguay y Venezuela, a la que se sumaron otras naciones como España, Holanda y Alemania, fuese reconocida en la declaración ministerial con que se cerrará el foro mañana.

"No se ha logrado un consenso sobre los temas del agua como derecho humano y el uso de las cuencas transfronterizas", anunció este sábado la presidenta del proceso político del foro, Sumru Noyan.

Noyan justificó la decisión de la cumbre ministerial de no incluir este derecho en que "no hay documentos vinculantes de la ONU que reconozcan el derecho humano al agua".

El documento ministerial se conocerá este domingo, y sabremos si el agua es finalmente reconocida como un "derecho básico" o una "necesidad básica", dos referencias con menos implicaciones jurídico-políticas y no vinculantes para los Estados firmantes.

"La declaración ministerial del FMA sólo fue acordada cuando algunos Estados se aseguraron que no tendría obligaciones vinculantes. El tema del agua es demasiado importante como para dejarlo sin un proceso que rinda cuentas", criticó el presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel d'Escoto Brockmann, en un comunicado dirigido al foro.

La ministra española de Medio Ambiente, Elena Espinosa, también defendió que el agua no se utilice "como un mero recurso exclusivamente económico".

Fuentes cercanas a las negociaciones explicaron que ha sido la negativa de Brasil y Estados Unidos a incluir el término lo que ha bloqueado el debate.

Otras fuentes internas al foro señalaron que también Turquía y Francia se han alineado con esta postura.

El senador boliviano Omar Fernández explicó que parlamentarios de todos los países de Sudamérica han firmado una declaración en la que reconocen el acceso básico al agua y a los servicios sanitarios como un "derecho humano" y se comprometen a aplicarlo en las leyes nacionales.

"Lo que vemos con preocupación en el sur es que los gobiernos progresistas, a pesar de su discurso a favor del agua como derecho humano, no han podido salir de las estructuras heredadas de anteriores gobiernos neoliberales", criticó Oscar Olivera, portavoz de la Coordinadora de Agua de Cochabamba (Bolivia).

Representantes de la sociedad civil y parlamentarios de cerca de 70 países, principalmente de América Latina y África, pidieron hoy el fin del Foro Mundial del Agua tal y como está concebido, al considerarlo falto de democracia y transparencia.

Por ello, solicitaron que el próximo lo organice la ONU y no el Consejo Mundial del Agua (CMA), una institución privada.

En su comunicado, D'Escoto también criticó que "la orientación del foro está profundamente influida por las compañías privadas del agua".

El presidente del CMA, Loïc Fauchon, respondió a estas críticas aduciendo que "es la misma canción desde hace doce años, hay quien no está contento con el éxito del foro".

"La ONU no quiere organizar este tipo de foros, ni hoy quiere, ni mañana querrá. Si este foro fuese organizado por la ONU perdería su originalidad, pues estaría sólo abierto a la participación de los países miembros y no a toda la sociedad como ahora", añadió.

El secretario general de la quinta edición del FMA, Oktay Tabasaran, se felicitó por el resultado del encuentro, que durante una semana ha atraído a unos 25.000 participantes y a más de 1.000 periodistas.

"Los participantes están muy contentos por los contactos comerciales que han podido hacer", agregó.

Esta lógica comercial fue criticada en el Foro Alternativo, que se celebra de forma paralela al oficial.

"La humanidad debe recuperar esa visión originaria de que el agua no tiene propietario, que es un bien común de la humanidad, como el aire o, incluso, la Amazonía", opinó Óscar Olivera.

Una mano pelúa

La declaración del agua como “derecho humano básico” fue sustituida antes de la llegada de los documentos de debate a Estambul por el término “necesidad humana básica”, reduciendo las implicaciones políticas de esta declaración.

Fuentes diplomáticas presentes en la negociación de los comités técnicos, este cambio en el borrador provocó malestar en una “mayoría” de los países presentes y pidieron que se reabra el debate durante el fin de semana, con la llegada de los representantes ministeriales.

Sin embargo, Estados Unidos, Brasil y Egipto, junto al país anfitrión, Turquía, se negaron a reabrir el debate y bloquearon toda posibilidad de cambio.

Estos países también se negaron a que los debates previos al documento y la posición de cada gobierno quede reflejada en las actas del foro, algo que enfadó especialmente a la delegación de Suiza.

“Brasil no quiere que se publiquen porque no desea reconocer públicamente que se opone a que el agua sea declarada un derecho humano básico”, afirmó una fuente interna del foro que declinó ser nombrada.

“Es muy triste que los gobiernos se sometan a un consejo privado dominado por grandes empresas”, criticó Juan Carlos Alurralde, asesor del Ministerio de Exteriores de Bolivia.

“El otro problema es que las declaraciones de este foro no son vinculantes”, añadió.

La ministra española de Medio Ambiente, Elena Espinosa, pidió “esfuerzos reales” para que se vaya más allá de una declaración “que no llevaría a nada” y se pueda cumplir realmente el derecho al agua. www.ecoportal.net

Portal ALBA www.alternativabolivariana.org

Fuente: EcoPortal.net

El proyecto minero “Caserones” y sus impactos ambientales. Pretende extraer 1.350 millones de toneladas de cobre, mediante un rajo abierto

07-04-09

El proyecto minero “Caserones” de la Japonesa Lumina Copper S.A., pretende extraer 1.350 millones de toneladas de cobre, mediante un rajo abierto, desde las nacientes de las aguas en la cordillera del valle de Copiapó, en la subcuenca del río “Ramadillas”, afluente del río Copiapó, comuna de Tierra Amarilla.

Este mega-proyecto fue presentado a la CONAMA Región de Atacama, el 21 de octubre de 2008, iniciándose el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, pero su maquinación y gestación data de mucho antes.

El yacimiento era llamado originalmente “Regalito”, y la empresa desde hace aproximadamente 5 años ha venido sondeando el terreno para la aprobación de su proyecto.

A esto se incluye el mejoramiento de la ruta C-453 (una de las vías de acceso al proyecto) por parte del MOP, para el tránsito de carga pesada, obra realizada con la plata de “todos los chilenos” para un proyecto privado aún en evaluación (situación que ya ha ocurrido en casos similares en otros lugares del país).

A esto se suma que al interior de la empresa trabajan influyentes personeros de la Concertación, tal es el caso del Sr. Jaime Andrade (PS), ex director nacional de la CONADI (quien además fue el gerente de asuntos externos de Minera Pelambres), hecho que viene a demostrar lo que comúnmente se conoce con el nombre de “Lobbystas”.

La empresa, sistemáticamente ha sostenido reuniones y negociaciones con distintos actores claves del territorio, como también con las comunidades afectadas mediante la antigua práctica de entregar “regalitos” y otros apoyos económicos para influir voluntades, además de prometer progreso y desarrollo económico, cosa que en la realidad y a raíz de la experiencia y del “prontuario” de la gran minería, sucede todo lo contrario. Impactos ambientales y sociales del proyecto.

Durante todo el proceso de evaluación ambiental, el proyecto ha recibido serios cuestionamientos de parte de los distintos servicios públicos encargados de evaluar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sobre todo por el hecho de que el titular no reconoce dos de sus impactos principales: El impacto social del proyecto (alteración significativa de los sistemas de vida de los grupos humanos) y segundo, el impacto sobre el recurso hídrico (calidad y cantidad), ambas, alteraciones que no proponen medidas de mitigación.

Las observaciones han sido explícitamente planteadas en el ICSARA (informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones), con más de 50 páginas de observaciones negativas, algunas bastante graves, como la falta de información sustancial para la evaluación del impacto ambiental del proyecto, pocas garantías técnicas sobre la estabilidad y seguridad de algunas obras (tranque de relaves y vertedero) en virtud de las inclemencias climáticas, refutación y rechazo de las medidas “voluntarias” para mitigar el impacto hídrico (entre ellas un programa de estimulación artificial de precipitaciones), figuras que se mencionan en los índices pero que no aparecen posteriormente en el documento, conclusiones sin ningún sustento y mala caracterización de la línea de base en relación al tema de hidrogeología (aguas subterráneas) y medio humano (no reconocimiento de las estructuras comunitarias y culturales del área de influencia).

Además se le sugieren medidas concretas a considerar, como la incorporación de otra fuente de abastecimiento de agua para el proyecto (planta desalinizadora o traer agua desde otras cuencas) y la construcción de un by-pass en la pequeña localidad de “Los Loros”, para prevenir los riesgos asociados al tránsito de cargas peligrosas y descongestionar a la localidad del enorme tráfico vehicular asociado a la construcción y operación del proyecto (725 vehículos por día).

Impacto en el recurso hídrico. Sin duda, las mayores objeciones al diseño original es lo relacionado con el tema del uso de agua para el proyecto. La minera tiene derechos de agua por 1.095 Lt/seg. de los cuales declara utilizará sólo 580 Lt/seg. (entonces ¿Por qué adquirir el doble de derechos?), lo que es el equivalente al consumo de agua potable de toda la ciudad de Copiapó, aunque la diferencia radica en que este uso es permanente y continuo, las 24 horas del día, los 365 días del año, lo que significa un gran estrés hídrico para el sistema.

El titular en su línea de base no reconoce la actual situación de déficit hídrico de la cuenca del río Copiapó, ni incorpora esta situación para evaluar otras alternativas de suministro, por lo que no reconoce impacto alguno sobre la cantidad y calidad del recurso hídrico, utilizando una modelación sin el suficiente respaldo técnico que avale sus conclusiones.

Por tal motivo, sus medidas de mitigación tienen el carácter de “voluntarias”, lo cual ha sido concluyentemente rechazado.

El suministro de agua para el proyecto provendrá de una batería de pozos ubicados en el sector del valle, que luego será bombeada desde los 1000, hasta los 4000 Mts. sobre el nivel del mar, lo que significa un enorme consumo de energía.

Debido a los enormes costos asociados a esta alternativa, la empresa ya ha evaluado otra opción, pero que no es la declarada en el EIA, y que corresponde a la extracción superficial del agua desde el río “Ramadillas” para luego compensar esta extracción con los pozos que poseen aguas abajo en el valle.

Una parte del ahorro por concepto de energía, estarían dispuestos a entregarlo para la evaluación de una planta desalinizadora, pero según sus propias estimaciones, no existe la factibilidad económica para materializar esta inversión por sí solos, por lo que deberían entrar otros actores al juego (en clara alusión al gobierno).

Tal alternativa ha sido expresamente manifestada por la empresa en diferentes reuniones, pero cuidándose de siempre hacerlo de manera informal. Dicha situación es una modificación sustancial al proyecto original, por lo que debería ser nuevamente evaluado por los servicios competentes, con el consiguiente gasto de recursos y tiempo en evaluar un proyecto que no corresponde al que la empresa realmente quiere ejecutar, lo que constituye un engaño manifiesto a la institucionalidad ambiental del país.

El rol de la Municipalidad de Tierra Amarilla. Por primera vez en su historia y dada la envergadura del proyecto, la Municipalidad de Tierra Amarilla se ha hecho parte de un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Apoyada por los profesionales del Programa Servicio País de la Fundación para la Superación de la Pobreza, redactó un documento donde se manifiestan las principales observaciones al proyecto, en función de la misión del municipio de velar por la calidad de vida de la población.

Las principales objeciones son las siguientes: Ampliación del área de influencia directa del proyecto a todas las comunidades presentes en la ruta de acceso a la mina, reconocimiento por parte de la empresa del impacto social que significará el proyecto, sobre todo en la localidad de “Los Loros” y proposición de medidas de mitigación al respecto.

A esto se agrega, el reconocimiento de las estructuras comunitarias y culturales de las comunidades al interior del valle, apoyo concreto en infraestructura, tanto a bomberos de Tierra Amarilla, como a la Posta Rural, para enfrentar distintos tipos de emergencias químicas derivadas del transporte de sustancias peligrosas, la construcción de un by-pass en “Los Loros”, resguardo de las rutas de tránsito ancestrales de los crianceros al interior del valle y, finalmente, la construcción de una “planta desalinizadora de agua” para el proyecto que asegure la sustentabilidad hídrica de la cuenca para todas las actividades productivas, humanas y la biodiversidad de la zona. Más participación ciudadana.

El proyecto “Caserones” tal como está originalmente diseñado, no ofrece las garantías suficientes para asegurar que el titular ha identificado y previsto todos los impactos ambientales que su actividad podría generar en el Valle de Copiapó.

Por lo tanto, si no se incorporan las rectificaciones y observaciones propuestas por la institucionalidad ambiental, el proyecto constituye un grave riesgo para la sustentabilidad ambiental del territorio, sobre todo a lo que concierne al impacto social y sobre el recurso hídrico que el proyecto podría generar.

Esta situación representa una enorme responsabilidad para las organizaciones sociales del territorio, ya que son ellas las que mediante la activa participación y seguimiento del proceso, deben velar por el resguardo de un valle y sus habitantes, que históricamente han sabido subsistir de otras actividades económicas de menor impacto.

Los beneficios de este proyecto son netamente privados, ya que los recursos inyectados al sistema público se administran a nivel central y poco quedan en las regiones. Más aún si se considera que sólo un 20% del personal permanente será de la Región de Atacama (citado en el propio EIA de la empresa), lo cual implica un porcentaje mucho menor de trabajadores de Tierra Amarilla, la comuna más afectada por el proyecto.

Cabe recordar que Tierra Amarilla es una comuna rica en recursos naturales, pero en la que sin embargo no se visualiza esta situación en la comuna, tanto a nivel de infraestructura, servicios e indicadores sociales de calidad en salud y educación.

La comuna será declarada como zona saturada de contaminación, tiene un índice de pobreza de un 11.9% (CASEN 2006) y el Índice de Desarrollo Humano la ubica en el puesto 161 del ranking de 345 comunas del país, afectada especialmente por la variable ingreso y su mala distribución.

En alrededor de 20 años de gran minería en la comuna, donde se esperaba progreso y desarrollo para todos, el aporte de las empresas privadas al bienestar de la comuna ha sido escaso, considerando que hoy la comuna sufre más los impactos negativos de la actividad minera, que el goce de sus beneficios, por lo que esta es una gran oportunidad de plantear un trato más justo para con estos posibles “nuevos vecinos”.

La invitación es a informarse, participar, tener una postura crítica y demandar un discurso claro de las autoridades comunales, para sacar así sus propias conclusiones de manera informada y responsable. www.ecoportal.net

Manuel Pizarro M. Ingeniero Ambiental
Observatorio de Conflictos Mineros en America Latina
www.conflictosmineros.net

Fuente: EcoPortal

Gobierno reflota las polémicas cuentas ambientales

¿Cuánto cuesta un parque nacional?:
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La Universidad de Chile se adjudicó la tarea de definir cómo se cuantificará el patrimonio natural del país.

¿Cuál es el precio de un bosque nativo que se quiere preservar? Esa puede ser una de las respuestas que surjan de lo que se conoce como las cuentas nacionales ambientales o "PIB Verde", como lo han llamado los especialistas. Es lo mismo que el Producto Interno Bruto (PIB) de la industria o la construcción, pero aplicado al patrimonio agrícola, forestal, minero y natural en general. El foco es también saber cuánto se deteriora esa riqueza por el desarrollo de las actividades productivas.

En Chile, el Banco Central trató de establecer una medida de estas características en los noventa, pero por problemas de metodología lo que obtuvo fue una gran polémica pública y la salida de uno de sus economistas, Marcel Claude. Ahora, el instituto emisor ha decidido que este tipo de mediciones las realicen otros organismos del Estado y eso es lo que está partiendo ahora en el Gobierno.

El Ministerio de Medio Ambiente acaba de adjudicar a un equipo de profesionales de la Universidad de Chile la tarea de definir con qué metodología se medirá el impacto económico sobre el medio ambiente. Este es el primer paso para lograr resultados en la materia.

A nivel latinoamericano ya existe experiencia. Incluso un grupo de chilenos ya hizo un trabajo similar en Panamá. En él participó Sebastián Ainzúa, experto de Aserta Consultores. En ese país, cuenta Ainzúa, tuvieron la tarea de evaluar el Parque Nacional Coiba. Sólo en este lugar, la tarea les tomó dos años, por lo tanto se trata de una tarea de largo aliento.

En Chile, la ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, contó que el plazo sólo para la metodología que realizará la Universidad de Chile es agosto de este año. El Gobierno confía en que esta tarea ayudará a sus políticas medioambientales.

Fuente: El Mercurio